En entrevista, la mujer señaló que aunque las autoridades
migratorias ya les habían entregado hasta ayer cerca de 2 mil permisos, aún
“otras 2 mil personas” faltan de obtenerlos, y en el proceso, recalcó, la
manera en que nos han tratado es “bastante deplorable, porque hay abusos y
atropellos de las instituciones públicas que deberían garantizar el libre paso
por el país”.
Un grupo de más de 2 mil indocumentados de diferentes
nacionalidades partieron el viernes de Tapachula y luego de 14 horas llegaron a
las oficinas que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en Cerro Gordo,
a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Huixtla, donde debieron esperar
para que comenzaran a entregarles los documentos para continuar hacia la
frontera norte.
En el trayecto, según explicó Mariana, se fueron sumando más
personas, hasta llegar a casi 4 mil. “Lo que queremos es que nos otorguen los
permisos y que nos dejen avanzar, que si ven caravanas les habiliten
ambulancias y puntos de hidratación”, añadió.
“La mayoría de las veces lo que conseguimos de ellos
(autoridades) son insultos, groserías. De verdad que es bastante triste. En mi
caso yo viajo con mi esposo y tres hijos, a quienes les han vulnerado sus
derechos. Aquí hay menores que no tienen comida ni qué beber; no disponemos de
baños, hay niños que están enfermos y sin atención médica”, denunció.
Ramírez refirió también que debido a las altas temperaturas,
en el camino de 14 horas bajo el intenso sol, muchas mujeres y niños se
desmayaron. “Había gente que nos quería brindar apoyo, pero los policías y
agentes de migración los detenían y nos decían que si nosotros queríamos
marchar, que camináramos”.
Manifestó que varios miles de personas que permanecieron
ayer en las instalaciones migratorias de Cerro Gordo “durmieron en el piso,
algunos bajo techo y otros a la intemperie, y nos mojamos. Nos trataron como
animales”.
Mariana Ramírez recalcó que lo que piden, además de los
documentos, es que los respeten. “Nosotros no somos delincuentes, somos
personas que nos vimos obligadas a salir de nuestras ciudades de origen para
buscarle calidad de vida para nuestras familias”, sostuvo.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los
migrantes, como Las Vanders, la Red Regional de Familias Migrantes y la Clínica
Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, de la Universidad
Iberoamericana, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que
se brinde protección, asistencia humanitaria y atención médica a los
integrantes de la caravana que permanecen en Huixtla.
